El ReNITLI reúne cerca de 850 intérpretes y traductores para 39 de las 48 lenguas indígenas u originarias reconocidas en el país. La falta de representación en el registro puede dificultar la atención pública en lengua materna, aunque no significa que no existan hablantes capaces de traducir.
Nueve lenguas originarias no cuentan con representación en el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias (ReNITLI), según el último dato oficial disponible citado por La República. El registro, administrado por el Ministerio de Cultura, reúne cerca de 850 intérpretes y traductores para 39 de las 48 lenguas indígenas u originarias.
Las lenguas sin representación en el ReNITLI son chamikuro, iñapari, iskonawa, madija, matsigenka montetokunirira, munichi, omagua, resígaro y taushiro. La ausencia en el registro no implica que nadie pueda traducirlas: hablantes bilingües, familiares o dirigentes pueden cumplir esa labor de manera informal.
Una brecha en el acceso a servicios públicos
La Ley N.° 29735 reconoce el derecho a utilizar una lengua originaria en los ámbitos público y privado y a disponer de medios de traducción para ejercer derechos. Sin embargo, contar con ese reconocimiento no garantiza que una persona encuentre un intérprete cuando acude a un juzgado, un establecimiento de salud o una oficina estatal.
Juan Rubén Ruiz, especialista en interculturalidad de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), explicó a La República que, en algunas comunidades, las personas dependen de intermediarios para comunicarse con las instituciones. Si no cuentan con ese apoyo, la barrera lingüística puede dificultar incluso el inicio de un trámite.
Interpretar también requiere transmitir contexto
Lourdes Paredes, intérprete oficial de shipibo-konibo, señaló que las dificultades de comunicación pueden afectar el desarrollo de audiencias judiciales. La interpretación, explicó, no consiste únicamente en traducir palabras: también exige transmitir conceptos técnicos y considerar diferencias culturales, especialmente en procesos judiciales y atenciones de salud.
Ruiz indicó que algunos términos relacionados con delitos, enfermedades, vacunas o consecuencias jurídicas no tienen equivalencias directas en las lenguas originarias. Por ello, el trabajo de interpretación también requiere desarrollar recursos lingüísticos que permitan comunicar esos conceptos.
Registros y servicios disponibles
Según la información publicada por La República, el Ministerio de Cultura reportó que en 2022 se realizaron más de 24.000 atenciones de interpretación y traducción para más de 17.700 personas en comunidades de Loreto, Ucayali y Puno. El medio también cita información del Poder Judicial: su registro especializado contaba con 44 traductores de nueve lenguas indígenas y cobertura en 21 distritos judiciales; entre 2020 y 2023 registró 6.826 atenciones en procesos judiciales.
La nota informa además que en 2025 se modificó el procedimiento de inscripción al ReNITLI para agilizar la incorporación de intérpretes y traductores. No precisa la fecha de corte del dato de cerca de 850 personas ni presenta una cifra desagregada sobre la disponibilidad efectiva de intérpretes por región o entidad.
La brecha también tiene una dimensión educativa y cultural. Juan López Bautista, líder y docente yanesha, relató que participa en la elaboración de materiales escritos en su lengua para transmitir conocimientos y contribuir a su continuidad entre generaciones.
Detrás de los Portales
El dato central describe la cobertura de un registro, no demuestra que sea imposible encontrar hablantes que puedan traducir las nueve lenguas fuera de él. Para dimensionar el acceso efectivo, falta conocer la fecha de corte del número de inscritos, su distribución territorial, la disponibilidad de intérpretes en cada servicio público y los tiempos de atención. La información proporcionada tampoco desagrega cifras para Ayacucho; determinar el impacto en la región requeriría consultar a las entidades públicas y a las comunidades involucradas.
