El jefe del Gabinete exigió a los legisladores «recapacitar» y advirtió que el Gobierno «ha mantenido paciencia democrática hasta el momento», frente a un predictamen que desnuda la falta de sustento constitucional para otorgarles un cheque en blanco por 120 días.
La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo acaba de escalar a un nuevo nivel de confrontación. Ante el inminente archivo de su paquete de facultades legislativas, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, perdió la compostura y lanzó lo que en los pasillos del Parlamento ya se interpreta como una amenaza directa. Lejos de ensayar un mea culpa por las deficiencias de su propuesta, el premier exigió a las bancadas «superar la elección» y soltó una frase que enciende las alarmas institucionales: advirtió que su gestión ha mantenido «paciencia democrática y una actitud republicana hasta el momento».
¿A qué se refiere el premier con el límite de su paciencia? El exabrupto de Galarreta es la respuesta a un severo revés técnico. Un exhaustivo predictamen de 205 páginas elaborado por la Comisión de Constitución —presidida por la bancada de Juntos por el Perú— recomienda negarle al gobierno de Keiko Fujimori el poder de dictar normas con rango de ley durante 120 días en temas sumamente sensibles como seguridad, migración, impuestos, vivienda, empleo y pymes.
La negativa parlamentaria está lejos de ser un simple capricho político de lo que Galarreta tildó como sectores «extremos y radicales». El análisis del grupo de trabajo es fulminante: concluye que el Ejecutivo ha sido incapaz de fundamentar la urgencia constitucional para legislar de manera directa. El requerimiento del gobierno abarca materias demasiado amplias, carece de precisión y no cumple con los requisitos básicos exigidos por la Carta Magna.
El aislamiento del Ejecutivo en este tema es evidente. La Comisión de Constitución no está sola en su postura; se suma a otras cinco comisiones de la Cámara de Diputados que previamente ya le habían cerrado la puerta en la cara a este pedido gubernamental por las mismas deficiencias técnicas.
Aunque el primer ministro intente escudarse afirmando que esta negativa perjudica a la ciudadanía, en un Estado de Derecho la facultad de legislar exige rigor técnico y constitucional, no ultimátums ni presiones mediáticas.
